Constituida la comisión que coordinará los criterios sociales en la contratación pública
Una comisión interministerial coordinará la incorporación de criterios sociales para avanzar hacia una contratación pública socialmente más responsable, que promueva mayores oportunidades de inclusión social y de accesibilidad. Creada en el marco de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública y para ello elaborará propuestas y recomendaciones, informes o estudios que podrán elevarse al Consejo de Ministros.
La comisión interministerial para coordinar la incorporación de criterios sociales en la contratación pública ha quedado constituida en abril con una primera reunión celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado día 4, bajo la presidencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés.
Según informó el departamento ministerial y publica la agencia de noticias Servimedia, la constitución de la comisión es consecuencia del real decreto aprobado el pasado 2 de marzo por el Consejo de Ministros para incentivar a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable.
La comisión interministerial tiene como objetivo avanzar hacia una contratación pública socialmente más responsable, que promueva mayores oportunidades de inclusión social, de accesibilidad y un mayor cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.
Además, se crea en el marco de la nueva Ley de Contratos del Sector Público y plantea la condición de la contratación pública como instrumento para establecer estrategias de carácter social.
Adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuenta con representación de todos los ministerios, además del Consejo Nacional de la Discapacidad, cuya representación recaerá en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Comisión del Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
Sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública y para ello podrá elaborar propuestas y recomendaciones, informes o estudios que podrán elevarse al Consejo de Ministros. Igualmente, podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas.
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